Rita Rodríguez, de Trato Ético Animal y representante de las protectoras en el Instituto Nacional de Bienestar Animal, denuncia vicios legales y una grave vulneración institucional en las medidas contra las loras, especie nativa protegida por ley.
La resolución que habilita acciones contra las loras (una especie nativa clave para el equilibrio del ecosistema) abrió un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y la sociedad civil. Mientras organizaciones animalistas y ambientales avanzan con recursos legales y administrativos para frenar su aplicación, desde el interior del propio Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se advierte que su nombre está siendo utilizado sin respaldo del directorio.
En esta entrevista para el Portal APU.uy, Rita Rodríguez, integrante de Trato Ético Animal y representante de las protectoras dentro del INBA, expone las inconsistencias jurídicas, la falta de estudios técnicos y el trasfondo político de una decisión que, asegura, no solo afecta a los animales, sino que erosiona la institucionalidad democrática.
Rita, para empezar, ¿podrías explicar cuál es el escenario actual respecto a las medidas contra las loras y qué acciones legales están en curso?
Actualmente hay dos vías distintas. Por un lado, la sociedad civil presentó hace un tiempo un recurso legal impulsado por activistas, que tuvo una denegatoria y será apelado por las ONG que lo presentaron.
Por otro lado, desde Trato Ético Animal vamos a presentar un recurso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar la entrada en vigencia de estas medidas y que se revean, porque están mal fundadas tanto desde el punto de vista legal como técnico.
¿Cuáles son los principales argumentos de ese recurso administrativo?
Hay varios, pero uno central es un vicio institucional muy grave: la resolución involucra al Instituto Nacional de Bienestar Animal cuando el directorio del INBA, por unanimidad, rechazó expresamente involucrarse en el control poblacional y exterminio de cotorras.
Es decir, se utiliza el nombre del Instituto sin que exista una resolución del directorio que lo respalde, y eso es ilegal e ilegítimo.
Sin embargo, desde el gobierno se ha dado a entender que el INBA participaría en campañas de concientización o sensibilización. ¿Eso es así?
No. Lo que sucede es que se está tomando como “posición del Instituto” declaraciones del señor Esteban Vieta, que es representante del Ministerio de Ganadería, o directamente del propio Ministerio, pero no del INBA.
El Instituto tiene un directorio integrado por ocho instituciones y cualquier postura debe resolverse allí. Cuando se usa el nombre del INBA sin respaldo del directorio, se incurre en una vulneración institucional muy seria.
Entonces, ¿se puede decir que se está hablando en nombre del INBA sin autorización del propio Instituto?
Exactamente. Y no solo sin autorización, sino en contra de resoluciones expresas del directorio.
Esto también ocurre en otros temas, como el de las jineteadas, donde se intenta modificar o aplazar reglamentaciones que ya fueron aprobadas por unanimidad por el INBA. Es una práctica reiterada y preocupante.
¿Qué consecuencias puede tener el recurso administrativo que van a presentar?
El objetivo inmediato es frenar la entrada en vigencia de estas medidas y que se rechacen. A futuro, también puede sentar un precedente importante sobre el respeto a la institucionalidad y los límites del Poder Ejecutivo.
No necesariamente tendrá consecuencias directas en el directorio del INBA, pero sí expone una forma de proceder que es insostenible.
En el caso específico de las loras, ¿por qué consideran que la resolución es ilegal?
Porque Uruguay tiene una ley vigente que prohíbe la caza de especies nativas, y la cotorra es una especie nativa.
El artículo 3 de la ley lo prohíbe expresamente, y el artículo 5 solo habilita excepciones luego de un estudio poblacional serio que lo justifique.
En este caso no existe ningún estudio poblacional que respalde estas medidas, lo cual es gravísimo.
Más allá del aspecto legal, ¿qué impacto ambiental tendría este tipo de medidas?
Estamos hablando de una especie que cumple una función dentro del ecosistema. Ya se aplicaron políticas de exterminio similares en el pasado y las consecuencias fueron nefastas.
Además, existen alternativas para acompañar a los productores que requieren más esfuerzo y más inversión, pero que apuestan a la convivencia y no a la destrucción del entorno.
¿Son optimistas respecto al resultado de este recurso?
Somos persistentes, más que optimistas. Sabemos que la negativa existe desde el inicio porque el gobierno está utilizando el Estado para aplicar una necropolítica, una política de muerte para intentar resolver problemas derivados de su propia ineficiencia.
Aun así, vamos a utilizar todas las herramientas legales disponibles para frenar este retroceso.
¿Creés que este conflicto excede el tema animal?
Sin dudas. Este es un caso puntual que involucra la vida de otros animales, pero refleja algo mucho más profundo: la vulneración de la institucionalidad democrática.
Los ciudadanos necesitamos instituciones fuertes que nos den garantías de que las decisiones se toman como corresponde. Hoy eso no está sucediendo.
Para cerrar, ¿qué te gustaría destacar en este proceso?
El trabajo de los activistas que están traccionando esta campaña, especialmente de personas como Noel Vila y Tamara Villanueva que no provenían del ámbito tradicional de la sociedad civil organizada, pero que se involucraron con información sólida y respaldo científico.
Y también destacar a una sociedad que ya no está mirando para otro lado. Eso es fundamental.
