Mientras proclama proteger la fauna silvestre, Uruguay mantiene normas que facilitan su caza. Revisar los decretos que ampliaron esa actividad es una deuda pendiente con el bienestar animal y la biodiversidad.
La legislación uruguaya sobre caza nace con una contradicción difícil de disimular. La Ley Nº 9.481 de 1935, que puede tomarse como la ley madre en la materia, inicia su texto anunciando “disposiciones sobre protección a la fauna indígena”. Sin embargo la ilusión dura poco y, luego de esas primeras líneas, pasa a describir un esquema de autorizaciones para matar, vender y explotar las distintas especies de animales no humanos. Todas las leyes o decretos sobre el tema desde ese entonces perforaron, aún más, esa débil barrera inicial.
Nuestro país adhiere a convenios internacionales, afirma proteger la biodiversidad, conservar la fauna silvestre y promover el bienestar animal. Pero, al mismo tiempo, mantiene un régimen que habilita la persecución y muerte de animales como actividad recreativa, comercial o deportiva. Hay especies con permiso de caza comercial, otras con permiso de caza deportiva y otras de libre caza. La supuesta protección está llena de excepciones. El resultado es un sistema que parece decir una cosa en sus principios, pero genera otra muy diferente en la práctica.
Esa incoherencia se agravó especialmente durante el gobierno anterior, a través de los decretos 138/022 y 198/024, impulsados directamente por sectores interesados en cazar. Bajo argumentos como los de la tradición rural, el turismo, el control de especies invasoras y el aprovechamiento económico, se introdujeron cambios que flexibilizaron aún más los controles y ampliaron las posibilidades de caza. No se trató de una mejora técnica del sistema, sino de una acción política clara: facilitar la actividad cinegética, eufemismo para referirse a la acción de perseguir y matar animales por diversión.
El primer decreto reduce exigencias sobre el consentimiento del propietario del predio, disminuye distancias de seguridad respecto de escuelas y centros poblados, extiende la caza deportiva prácticamente a todo el territorio nacional y habilita la caza nocturna de especies exóticas invasoras. Todo esto definido sin participación de científicos, técnicos o especialistas que respalden adecuadamente los motivos invocados.
La urgencia por atender las demandas del lobby de la caza quedó en evidencia con una redacción repleta de errores e inconsistencias; resultando en un decreto que dejó sabor a poco en sus promotores. Pero el gobierno reaccionó rápidamente para corregirlo y complementarlo con el decreto 198/024 que habilitó, ahora sí en forma expresa para que no queden dudas, la caza nocturna del jabalí y la caza control del ciervo axis, condicionadas al uso de armas de fuego con dispositivos de visión “apropiada”, exigencia ambigua si las hay.
En este último decreto se habla de actividad cinegética, caza “sostenible y responsable”, conservación de la biodiversidad y preservación de recursos naturales. Hermosas palabras para edulcorar el resultado real: se autoriza a salir en la noche a matar animales en un país donde el ingreso con armas a predios rurales ya genera enormes riesgos y conflictos. Esto no parece precisamente una contribución a la convivencia ni a la seguridad.
Todo gobierno tiene una oportunidad política concreta: revisar y revocar decretos anteriores. No como revancha partidaria sino como acto de coherencia institucional. Todo decreto puede ser revisado, derogado o modificado por el Poder Ejecutivo.
El Frente Amplio cuenta con antecedentes programáticos y políticos suficientes para exigirle la derogación de estos decretos: su programa plantea el bienestar animal integral, fortalecimiento de controles y cambios normativos; algunos de sus sectores rechazaron expresamente estos decretos y sus legisladores cuestionaron además sus fundamentos.
Al gobierno le alcanzaría con tomarse en serio sus propios compromisos. El bienestar animal integral mencionado en su programa no puede convivir con decretos que facilitan la caza nocturna, debilitan controles y presentan como deporte lo que en realidad es matar por diversión. No le hace bien a la política hablar de bienestar animal en los discursos y luego mirar para otro lado cuando la tradición, el negocio o el lobby golpean la puerta.
Controlar especies invasoras para proteger la biodiversidad implica en todo caso una política pública que incluya conocimiento científico, planificación, fiscalización y métodos que contemplen el bienestar animal. Cazar por diversión es algo muy diferente. Nuestros gobernantes y legisladores insisten en mezclar ambas cosas.
El Partido Verde Animalista se opone a la caza en todas sus formas. No solamente a sus excesos, a sus abusos o a sus versiones peor reguladas. Se opone a la idea misma de que perseguir y matar animales pueda ser aceptado como deporte, entretenimiento, negocio, tradición o atractivo turístico.
Uruguay no puede llamarse país natural mientras convierte la muerte recreativa de animales en una actividad administrada por decreto.
