Mientras proclama proteger la fauna silvestre, Uruguay mantiene normas que facilitan su caza. Revisar los decretos que ampliaron esa actividad es una deuda pendiente con el bienestar animal y la biodiversidad.
La legislación uruguaya sobre caza presenta contradicciones difíciles de disimular. La Ley Nº 9.481 de 1935, que puede tomarse como la ley madre en la materia, se presenta bajo el título de “disposiciones sobre protección a la fauna indígena” y establece una prohibición general de caza en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo habilita al Estado a fijar excepciones, definir especies, condiciones, duración y cuotas para la caza y explotación.
Estas excepciones, según la versión actual de la ley, deben estar fundadas en estudios poblacionales que aseguren una “extracción sostenible”, revelando un enfoque centrado en administrar el aprovechamiento humano de la fauna, más que en construir un sistema de protección activa como parecía insinuar el propio título de la ley.
Estudios que, por otra parte, tampoco consta hayan sido realizados, por lo cual toda habilitación mantenida por decreto es jurídicamente cuestionable.
Bajo el paraguas discursivo de la protección de la fauna indígena, la ley deja abierta una puerta para explotarla, cazarla y extraerla del medio silvestre, siempre que sea en forma “sostenible”.
Esa incoherencia se agravó especialmente durante el gobierno anterior, a través de los decretos 138/022 y 198/024, impulsados directamente por sectores interesados en cazar. Bajo argumentos como los de la tradición rural, el turismo, el control de especies invasoras y el aprovechamiento económico, se introdujeron cambios que flexibilizaron aún más los controles y ampliaron las posibilidades de caza. No se trató de una mejora técnica del sistema, sino de una acción política clara: facilitar la actividad cinegética, eufemismo para referirse a la acción de perseguir y matar animales por diversión.
El primer decreto reduce exigencias sobre el consentimiento del propietario del predio, disminuye distancias de seguridad respecto de escuelas y centros poblados, extiende la caza deportiva prácticamente a todo el territorio nacional y habilita la caza nocturna de especies exóticas invasoras. Todo esto definido sin participación de científicos, técnicos o especialistas que respalden adecuadamente los motivos invocados.
La urgencia por atender las demandas del lobby de la caza quedó en evidencia con una redacción repleta de errores e inconsistencias; resultando en un decreto que dejó sabor a poco en sus promotores. Pero el gobierno reaccionó rápidamente para corregirlo y complementarlo con el decreto 198/024 que habilitó, ahora sí en forma expresa para que no queden dudas, la caza nocturna del jabalí y la caza control del ciervo axis, condicionadas al uso de armas de fuego con dispositivos de visión “apropiada”, exigencia ambigua si las hay.
En este último decreto se habla de actividad cinegética, caza “sostenible y responsable”, conservación de la biodiversidad y preservación de recursos naturales. Hermosas palabras para edulcorar el resultado real: se autoriza a salir en la noche a matar animales en un país donde el ingreso con armas a predios rurales ya genera enormes riesgos y conflictos. Esto no parece precisamente una contribución a la convivencia ni a la seguridad.
Todo gobierno tiene una oportunidad política concreta: revisar y revocar decretos anteriores. No como revancha partidaria sino como acto de coherencia institucional. Todo decreto puede ser revisado, derogado o modificado por el Poder Ejecutivo.
El Frente Amplio cuenta con antecedentes programáticos y políticos suficientes para exigirle la derogación de estos decretos: su programa plantea el bienestar animal integral, fortalecimiento de controles y cambios normativos; algunos de sus sectores rechazaron expresamente estos decretos y sus legisladores cuestionaron además sus fundamentos.
Al gobierno le alcanzaría con tomarse en serio sus propios compromisos. El bienestar animal integral mencionado en su programa no puede convivir con decretos que facilitan la caza nocturna, debilitan controles y presentan como deporte lo que en realidad es matar por diversión. No le hace bien a la política hablar de bienestar animal en los discursos y luego mirar para otro lado cuando la tradición, el negocio o el lobby golpean la puerta.
Controlar especies invasoras para proteger la biodiversidad implica en todo caso una política pública que incluya conocimiento científico, planificación, fiscalización y métodos que contemplen el bienestar animal. Cazar por diversión es algo muy diferente. Nuestros gobernantes y legisladores insisten en mezclar ambas cosas.
El Partido Verde Animalista se opone a la caza en todas sus formas. No solamente a sus excesos, a sus abusos o a sus versiones peor reguladas. Se opone a la idea misma de que perseguir y matar animales pueda ser aceptado como deporte, entretenimiento, negocio, tradición o atractivo turístico.
Uruguay no puede llamarse país natural mientras convierte la muerte recreativa de animales en una actividad administrada por decreto.
