La democracia garantiza la igualdad del voto, pero no la igualdad para influir sobre las decisiones políticas. Esa asimetría, muchas veces invisible, constituye uno de los principales desafíos para la calidad democrática.
Es diciembre de 2024. El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, recibe un descuento extraordinario de aproximadamente 25 mil dólares para la compra de una camioneta Hyundai. Dos años después, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) recibe una denuncia anónima sobre la operación. ¿Por qué el presidente electo recibió ese descuento excepcional? ¿Es un descuento al que podía acceder cualquier persona o lo recibió por su rol político? ¿Por qué la empresa toma la decisión comercial de hacer ese descuento? ¿Es correcto aceptar un beneficio así ocupando un lugar de poder e influencia?
La polémica no tarda en aparecer. La oposición habla de un posible hecho de corrupción, la JUTEP inicia una investigación, el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo intentan explicar la situación, el presidente, ahora sí en función, argumenta: «yo, si veo un descuento me tiro de cabeza». El principal argumento jurídico es que la Ley 19.823, Código de Ética de la Función Pública, regula la conducta de los funcionarios en ejercicio, pero no la de quienes aún no han asumido el cargo. Recibir un descuento de 25 mil dólares no entra en el alcance de la Ley 19.823, ya que el presidente electo aún no está en función, aunque meses después sí lo estaría.
Cruce o no los límites marcados por la Ley y sin perjuicio de las cuestiones éticas en juego, hay preguntas de fondo en las que es necesario indagar, ¿Por qué una empresa, cualquiera sea, querría hacerle un regalo de estas características a un funcionario público? ¿Qué es lo que gana la empresa? Si lo visible públicamente es que una empresa hace descuentos extraordinarios al máximo funcionario público de un país, ¿qué es lo públicamente no visible? ¿Por qué el Frente Amplio no condena abiertamente una actitud de este tipo en uno de sus miembros? ¿Cómo es que la oposición no lleva esta situación hasta la última instancia? y sobre todo, ¿Por qué la condena social no es total?
Las respuestas a todas estas preguntas prometen dejar un gusto amargo. Social y políticamente estamos acostumbrados a estas situaciones a tal punto que no nos genera más que la impotencia y la indignación durante algunas semanas y luego se transforma en anécdota u olvido. El «yo me tiro de cabeza» pasará a ocupar un lugar junto aquel no tan lejano y muy polémico «pasé a saludar», vinculado al expresidente Luis Lacalle Pou, y mientras tanto la vida social y política continua.
La discusión de fondo es otra y aunque este episodio sea recordado como “la camioneta de Orsi”, la cuestión radica en el poder que pueden ejercer los grandes actores económicos sobre quienes toman las decisiones públicas, poder que no está al alcance del ciudadano común. ¿Para quién termina gobernando el poder político? ¿Para las personas que los votan o para quienes tienen el poder económico y lo ejercen en la financiación de campañas? Esta preocupación no es nueva. El economista italiano Luigi Zingales ha advertido que una democracia comienza a deteriorarse cuando para las grandes empresas resulta más rentable invertir en relaciones con el poder político que competir en el mercado.
La democracia parte del supuesto de que tener un voto hace que todos los ciudadanos tengan igual poder político, sin embargo, el poder económico no se distribuye de forma equivalente. Mientras el voto vale lo mismo para todos, la capacidad de financiar campañas, contratar publicidad, influir en los medios de comunicación, sostener lobbies o generar dependencia económica está concentrada en muy pocos actores. Esa asimetría hace que la igualdad política sobre la que se funda la democracia conviva con una profunda desigualdad en la capacidad real de influir sobre las decisiones públicas.
Analizando miles de decisiones de política pública en Estados Unidos, el politólogo Martin Gilens concluyó que cuando las preferencias de los ciudadanos comunes entran en conflicto con las de las élites económicas, las políticas adoptadas tienden a reflejar con mucha mayor frecuencia los intereses de estas últimas. Más allá de las diferencias entre países, su trabajo invita a preguntarnos si la igualdad del voto alcanza para garantizar una igualdad real de influencia política.
La discusión no termina cuando sabemos si un descuento fue legal, ahí recién deberíamos empezar a preguntarnos ¿Qué ocurre con una democracia cuando algunos actores pueden acercarse al poder político con facilidad dado su capital económico y el resto de los ciudadanos no?
El voto sigue valiendo lo mismo para todos, pero la posibilidad de influir no, y quizás sea ahí, mucho antes de que aparezca un delito o un escándalo, donde empiezan a manifestarse las formas más silenciosas de desigualdad democrática.
